Debía empezar el lunes, pero cambiaron dos jueces y ahora arranca el 24. Pero la defensa podría recusar a las nuevas magistradas. Si hay más dilaciones, el caso podría quedar impune.
El inicio del juicio contra la (mal) llamada Manada de Chubut –previsto para este lunes– fue postergado una vez más y se fijó el comienzo para el jueves 24. El caso involucra a “tres hijos del poder” acusados de abuso sexual y violación. La víctima, que ya tiene 26 años y se graduó como arquitecta, va a declarar como testigo. Pero sorpresivamente, dos de los jueces designados en abril de 2021 para conformar el tribunal que llevaría adelante el proceso oral pidieron licencia y acaban de ser reemplazados por dos magistradas nombradas hace menos de un año en el cargo. Ahora las partes tienen cinco días para recusar a miembros del nuevo tribunal. Si alguna de las tres juezas –son tres mujeres– es recusada, le imprimiría un nuevo retraso. Si se extienden los plazos, existe el riesgo de que el hecho quede impune por prescripción del delito, como busca la defensa: en Chubut existe una norma –en el Código Procesal– que obliga a realizar todo el proceso en tres años, desde la primera convocatoria hasta la confirmación de la sentencia por un tribunal superior. La apertura de la investigación fue el 2 de agosto de 2019, de modo que el 2 de agosto de este año vencería ese plazo. La jurisprudencia en la provincia convalidó tal exigencia y se han dictado sobreseimientos en base a esa regulación que apunta a imponer “un plazo razonable” para los juicios. Pero puede jugar en contra de las víctimas. Como podría ocurrir en este caso.
La causa se inició luego de que en enero de 2019 –como efecto de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés– se publicara en Facebook los abusos que había sufrido una adolescente de 16 años en una casa del balneario Playa Unión, en 2012, en una fiesta por el Día de la Primavera. Era un secreto a voces. Lo publicó una organización de mujeres. Y el fiscal Fernando Rivarola abrió la investigación de oficio.
La casa de la fiesta pertenecía a la familia del ex gobernador radical Atilio Viglione, ya fallecido: un nieto suyo fue el anfitrión. El episodio ocurrió hace casi diez años.
Los acusados son Luciano Mallemaci –su padre es dueño de una inmobiliaria–, Leandro del Villar –es nieto de un exsenador radical ya fallecido y su familia tiene una empresa de transporte portuario en Puerto Madryn– y Marcelo Ezequiel Quintana, abogado, oriundo de Santa Cruz. Todos llegan en libertad al juicio.
¿Por qué se postergó dos veces el juicio?
El 27 de abril de 2021 se conformó el Tribunal con las juezas Mirta del Valle Moreno y Marcela Pérez y el magistrado Fabio Monti. Y se fijó fecha para dar inicio al juicio oral para el 7 de junio de ese año. Pero el 27 de mayo se suspendió por “tener prioridad un debate colegiado con una persona detenida desde el 23 de noviembre de 2019 acusada de femicidio en grado de tentativa e incendio”. El problema era que debía juzgarlo el mismo tribunal y además no se contaba con otra sala adecuada a la cantidad de personas involucradas y que respetara los protocolos de sanidad impuestos por el comité dependiente del Poder Judicial por la pandemia de covid-19.
Luego, el 27 de julio se notificó la nueva fecha de inicio del debate para el 21 de febrero, es decir, el próximo lunes. Pero el 10 de febrero, hace una semana, se notificó a las partes que la jueza Moreno se había tomado licencia. Se designó en su reemplazo a la magistrada Ana Karina Breckle, jueza desde 2021. Este miércoles se notificó que otro de los jueces, Monti, también se tomó licencia –al parecer tuvo una fractura– y su lugar será ocupado por la magistrada María Laura Martini, también con menos de un año en el cargo.
En una audiencia convocada el 4 de febrero se acordó ante la Oficina Judicial de Rawson cómo se desarrollaría el juicio. Se extenderá por tres semanas, con jornadas de 8.30 a 15.30. También se definió cuáles de los testigos declararán de manera remota y quiénes en forma presencial.
Ahora en lugar de comenzar el lunes, la fecha de inicio se fijó para el jueves 24 a las 9.30, pero podría volver a postergarse si hay recusaciones de alguna integrante del tribunal.
¿Qué se discutirá en el juicio?
El discernimiento para poder consentir una relación sexual estará en el centro del debate oral. Para la querella, como relataron las amigas de la denunciante, ella no estaba en condiciones de consentir por su estado de inconsciencia. Para la defensa, en cambio, ella aceptó tener sexo grupal, el mismo argumento que los cinco condenados en el caso español de “La Manada” –una violación cometida en banda en los sanfermines de 2016, contra una chica de 18 años– y que finalmente recibieron una pena de 15 años de cárcel. Entre los defensores de los imputados se encuentran los abogados penalistas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. El juicio se llevará adelante en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson.
¿Quiénes serán testigos?
Durante el debate oral –no será público porque se trata de un delito contra la integridad sexual de una menor de edad– está previsto que declaren más de un centenar de testigos, entre quienes participaron de aquella fiesta, entonces adolescentes, hoy veinteañerxs; y también adultos, padres y madres, que supieron del hecho en ese momento. Por la fiscalía está citada como “experta” la antropóloga feminista Rita Segato, por la querella María Elena Barbagelata, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y el psiquiatra Enrique Stola, especializado en el abordaje de violencia sexual (asistió a dos de las víctimas del cura pedófilo Julio César Grassi); por la defensa, el controvertido penalista Marcelo Sancinetti.
¿Qué penas pueden caberle a los imputados?
La calificación jurídica de la querella es para los tres imputados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de más de dos personas y graves daños a la salud de la víctima; a uno de ellos (Mallemaci) además, abuso sexual agravado. Pide entre 20 y 25 años de pena para ellos. Hay una diferencia con la acusación de la fiscalía: no incluye el acceso carnal y pide penas de 12 a 15 años.
Lo que se ventilará en el debate es un episodio que se conoció en su momento en Puerto Madryn, de donde era oriunda la mayoría de quienes participaron de la fiesta, al punto que la adolescente se tuvo que ir de ahí por la estigmatización que sufrió: de víctima a convertirse en una “putita”. La querella espera que la justicia repare, con una condena, de alguna forma todo el sufrimiento que acumuló en estos años, donde pasó por distintos estados: de silenciarlo, a querer cerrar la historia con un juicio abreviado sin llegar a debate oral hasta ahora –fortalecida con el acompañamiento de organizaciones y abogadas feministas– querer dar testimonio de lo que le pasó aquella noche y poder poner un punto final con una sentencia condenatoria.
Fuente: Página 12 – Por Mariana Carabajal
