El protocolo antipiquetes; el DNU 70/23; y Proyecto de Ley Ómnibus son tres paquetazos contra el pueblo trabajador para beneficiar a ricos y poderosos y profundizar el saqueo del país.
Estas políticas del gobierno significan un retroceso democrático y constitucional de carácter regresivo que buscar limitar y prohibir el derecho a la protesta, prohibiendo las asambleas de lxs trabajadorxs en sus lugares de trabajo.
La pretensión del gobierno decreta una Emergencia Pública en todos los órdenes de la vida social, para delegarle poderes ilimitados al presidente, habilitando al Ejecutivo a gobernar por decreto. Una clara pretensión monárquica inaceptable y que debemos ponerle y freno urgente.
En el DNU – Decreto de necesidad y urgencia- el gobierno declara a la Educación como un SERVICIO ESENCIAL. Con el único objetivo de prohibir los paros docentes. LA EDUCACIÓN NO ES UN SERVICIO, NI UN BIEN TRANSABLE, ES UN DERECHO SOCIAL, HUMANO, QUE EL ESTADO DEBE GARANTIZAR.
Al modificar el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, atentan contra la escolaridad presencial. En el 4º grado de primaria deja de ser obligatorio asistir a la escuela legalizando la “escuela en casa” o homeschoolling o educación a distancia propiciando un negocio millonario a las plataformas digitales. Relegando el espacio social escolar de su rol socializador y formativo
Seguiremos luchando por una escuela PÚBLICA, LAICA, CIENTÍFICA, GRATUITA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO que construya conocimiento democráticamente y orientada a una formación integral de nuestros alumnos y estudiantes.
TODXS AL PARO NACIONAL EL 24 DE ENERO – MARCHAMOS EN DEFENSA PROPIA
